En España la posesión de un inmueble implica el cumplimiento de dos obligaciones tributarias principales. Por un lado, un impuesto municipal ("Impuesto sobre Bienes Inmuebles", tambien llamado IBI), que se paga anualmente y es calculado y gestionado por el Ayuntamiento de la localidad donde se encuentra el edificio y puede ser pagado por domiciliación bancaria.
Por otro lado, se debe calcular y pagar el impuesto sobre la renta de personas no residentes. Esta obligación legal es exigible anualmente y se basa en los ingresos presuntos generados por la propiedad. En el caso de inmuebles no alquilados, la base imponible suele ser del 2% o del 1,1% de su valor catastral y el tipo impositivo es del 19% (en el caso de residentes en la UE, Islandia y Noruega) o del 24% (en el caso de todos los demás ciudadanos no residentes). Por ejemplo, un edificio con un valor catastral de 100.000€ implica el pago de una cantidad entre 209€ y 380€ al año para un ciudadano residente en la UE. Se trata de un importe relativamente bajo, que preferentemente debe liquidarse puntualmente para evitar problemas derivados de la morosidad ya que puede generar molestias y gastos añadidos en multas o recargos por morosidad.
¿Y en el caso de la propiedad alquilada?
Usted puede ser propietario de una propiedad alquilada en el extranjero. En España, y especialmente en Cataluña, existen numerosas empresas que gestionan apartamentos turísticos y que pueden gestionar las reservas, las entradas y salidas de los inquilinos, la limpieza y la resolución de las pequeñas incidencias que puedan surgir en el uso de la vivienda. Estas empresas suelen cobrar honorarios de acuerdo con los ingresos recibidos, que normalmente no superan el 25%-30% de los ingresos.
Pero, ¿se pagan impuestos sobre las propiedades alquiladas? ¡Por supuesto! Si el inmueble ha estado alquilado todo o parte del año, hay que calcular la rentabilidad obtenida. El rendimiento a declarar es la totalidad de los ingresos obtenidos; en el caso de residentes en la UE, Islandia y Noruega, dichos ingresos pueden reducirse en los gastos necesarios para obtener los ingresos (gastos de mantenimiento, reparaciones, seguros, gastos de administración, etc.).
El coste final es del 19% (en el caso de residentes UE, Islandia y Noruega) o del 24% (en el caso del resto de ciudadanos no residentes) de los rendimientos declarados (brutos o netos, según el lugar de residencia del titular) .
Por ejemplo, en el caso de un inmueble que genere una rentabilidad neta anual de 6.000 €, el coste fiscal sería de 1.140 € en el caso de residentes en un país de la Unión Europea.
Es importante contar con el apoyo de profesionales para gestionar los pagos de impuestos derivados de la propiedad o el alquiler de un inmueble.
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